Declaración de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, expresa públicamente su solidaridad con el Profesor Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, frente a las publicitadas denuncias e informaciones mediáticas que pretenden involucrarlo en graves hechos impropios de su función. La atribución de participación o complicidad con dichos hechos es incompatible con su hombría de bien, su pensamiento y conducta humanistas y su permanente lucha en defensa y respeto de los derechos humanos y contra cualquier forma de explotación humana, que no solo le permitieron ganarse un merecido prestigio y honorabilidad en los ámbitos académico, profesional y judicial, nacional como internacional, sino que contribuyeron y contribuyen a la formación de varias generaciones de profesionales del derecho y otras ciencias humanas y sociales. El interés público en las cuestiones involucradas que privilegia el derecho de denuncia, expresión y crítica, aún con expresiones a veces desmedidas y ambiguas que, como asociación defendemos enérgicamente, no puede legitimar el daño institucional generado por la intencionalidad, ligereza o juicios apresurados en el manejo y comunicación de la información referida a personas que, como el Dr. Zaffaroni, honran con su trayectoria y desempeño, el ejercicio de la más alta magistratura judicial.
Ante las denuncias de todo tipo contra magistrados de los poderes judiciales y ministerios públicos por las decisiones tomadas en el ámbito de sus funciones, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (www.aapdp.com.ar) desea manifestar que las conductas de esos funcionarios públicos corresponden al terreno debate público y, como tales, son pasibles de ser reveladas y criticadas aun de un modo duro y agresivo, como garantía básica de la libertad de expresión en la República Argentina. Sin embargo, advertimos con preocupación que en el uso de tal potestad muchas veces se recurre al falseamiento consciente en la exposición de hechos y al empleo de argumentos de supuesto sentido común, generalmente de corte autoritario y antidemocrático, que carecen de contenido jurídico y que, en realidad, esconden el propósito de obtener el beneplácito de algún sector de la sociedad. Estas manifestaciones no encuentran amparo en el derecho, sino que generan responsabilidad ulterior individual, y se basan en una confusión entre el juicio de valor que deriva de la aplicación correcta o incorrecta del derecho en cada caso, con la circunstancia de que no siempre las decisiones o dictámenes de los magistrados serán compartidas por la mayoría de la población. Es decir, no contribuyen sino que obstaculizan el debate público (art. 13 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Buenos Aires, 9 de mayo de 2011.

Carlos Caramuti –presidente-; Marcelo Riquert vicepresidente 1°; Daniel Domínguez Henain; -vicepresidente 2°-; Marcelo Buigo –secretario-; Guillermo Llaudet –tesorero-; Luis María Bunge Campos –vocal-;  Daniel Erbetta, Javier A. De Luca y José Buteler -ex presidentes-.

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